LA DICTADURA, “CÁTEDRA ABIERTA” PARA LOS DUROS EN ARGENTINA

Cuestionan el bajar la edad de los inimputables

En los barrios pobres aprenden por “portación de rostro”.

Stella Calloni, corresponsal / II y última, Buenos Aires, 21 de marzo.

En La Jornada, pág. 59, El Mundo, Miércoles 22 de marzo de 2000.

Las leyes exculpatorias y el indulto que beneficiaron a los culpables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina contribuyeron, de alguna manera, al aumento de la inseguridad. Pero con la crisis económica, también hay millones “de desesperados” –como llaman los antiguos delincuentes a los nuevos-, a los cuales se suman día a día los pequeños expulsados del sistema educativo nacional.

Claudia, maestra de una escuela de barrio, admite que la educación actual “está pensada desde y para la clase media a la cual pertenecemos incluso los que enseñamos. Los chicos que llegan desde la villa (barrio marginal) deben soportar discriminación, son aislados y sienten que nada tiene que ver lo que les enseñamos con su propia realidad. Si los miran con desconfianza, si sus ropas son diferentes, si no pueden comprar un libro, si la escuela los humilla, se irán”.

Para ver la otra cara de este problema, llegamos hasta una villa miseria al borde de un barrio capitalino, para hablar con niños jóvenes. “Dejamos de ir a la escuela. Fuimos mientras pudimos. Yo sentía como una piedra en el estomago porque nos miraban siempre mal y si había un robo, un lápiz se perdía, siempre nos revisaban primero a nosotros”, relata Enrique. Y esto es solo una parte del asunto. Vivir en una villa es estar permanentemente bajo el peligro de caer en manos policiales, “solo por portación de rostro”, dicen sus familias.

“Hace tiempo, en casa de mi tía, platicaba con dos primos, sólo estábamos sentados. Y esto, por suerte lo sostuvieron todos los vecinos. Paró una patrulla, los policías nos miraron, se bajaron: negritos de mierda fue la primera cosa que dijeron, nos llevaron a empujones y el más chico, Francisco, de nueve años, lloraba como loco…ni siquiera supimos de qué se trataba, pero nos pegaron y estuvimos detenidos ocho horas, hasta que nuestra familia nos sacó. Como no tenían de qué acusarnos, nos pusieron cargos por vagancia. Tengo 11 años y nunca en mi familia ni en mi casa hubo delincuentes, pero yo tengo en mi frente ya una entrada policial por vagancia y de ahí si otro día me llevan, me cuelgan quién sabe qué otra cosa”.

En ese mismo cuadra, Marito, de 10 años, al que le correspondía ser abanderado en una escuela, pero no fue escogido por villero, se arrojó un día a las vías del tren. “Eso no sale en los diarios, aquí alguna vez algo pasa y se sabe, pero hay una historia de este país que no se ve nunca en ninguna parte, y estamos a un paso de eso que llaman la city (el centro financiero porteño). Buenos Aires es una gran mentira”, sostiene Rulito, de 15 años, el filósofo del grupo, “el más leído” de los chicos de la villa. “¿Usted cree que si pudiéramos ir a la escuela o trabajar, o nuestros padres tuvieran un trabajo verdadero estaríamos aquí?” , dicen otros a coro.

En 1932, el escritor Roberto Artl publicó: nuestra sociedad, con o sin culpa, está fabricando delincuentes. Y los jueces lo saben. No pueden ignorarlo. El depósito de menores ( que son la mayoría de las instituciones oficiales) es un antro de corrupción”. Tantos años después, Elías Newman, un abogado que trabaja en la defensa de pobres y menores que van a parar a las comisarías sólo por deambular por las calles porque no tienen casa, sostiene lo mismo. Un hecho marcó a Newman: el 16 de octubre de 1989, en la Comisaría del Menor del barrio San Javier de Formosa, 16 jóvenes de entre 12 y 16 años murieron quemados. Estaban en una celda de tres por tres. No habían delinquido, pero llevaban meses encerrados. Eran abandonados, deambulaban por no tener casa y estaban allí por esa razón. Un día prendieron fuego a una camisa y en un segundo ardió la celda, ardieron ellos, pero el único policía que había en al comisaría nunca encontró la llave para abrir la puerta de la celda.

“El menor considerado inimputable o el menor que no tiene una familia, o que su familia- de acuerdo con la justicia- no tiene condiciones para mantenerlo, educarlo, puede estar años encerrado. La situación jurídica del menor queda desdibujada, se criminalizan los problemas sociales y se socializan los problemas penales”, dice otra joven abogada. De 8 mil 500 jóvenes que fueron internados en institutos en 1990, sólo 14 por ciento lo fueron por causas penales; el resto está por abandono, vagancia, lo que llaman “causas asistenciales”.

El gatillo fácil mata tanta gente como una dictadura,”pero el arrabal de marginados no es un tema que vende en el mercado de hoy día”, sostiene por su parte un sacerdote que asiste a los villeros. Newman usa el término de “secuestro legal” remendando a Michel Foucault, al referirse a los depósitos de menores. En este escenario las propuestas de seguridad son asombrosas: disminuir la edad mínima de punibilidad de 18 a 16 años.

¿De qué sirve?, preguntan los que conocen el tema. Los que están a favor dicen que bajar la edad de los inimputables corresponde a una necesidad de una sociedad que” se ve avasallada en sus libertades” por la violencia de aquellos que según el sistema de legislación actual “se consideran inimputables”.

Eso suena bien, pero nadie muestra la otra cara, que los abogados de menores conocen bien. “La reducción de edad inimputable no sólo ha demostrado ser completamente inútil, sino que ha contribuido a agravar el problema. El hecho de que un alto número de infracciones penales graves cometidas por menores estén involucrados adultos, como instigadores que nunca aparecen, ha dado como resultado otra perversión. Esos mismos instigadores – y se han conocido varios casos de policías como tales- automáticamente reclutan niños para fines criminales, con edades cada vez menores a las propuestas como inimputables”.

Las leyes de seguridad que se están adoptando en un mundo donde 82 por ciento de la población teme sufrir algún tipo de delito son similares a las que se trazaron para contener la rebelión política social, en los años 70, que la dictadura militar continuó y “mejoro”.

A 24 años del golpe militar de 1976 se continúa llamando “excesos” a las muertes por torturas en las comisarías y “mano de obra desocupada” a verdaderos ejércitos conformados por ex represores o policías apartados de sus cargos por diversos delitos.

“El esquema actual demuestra que la dictadura fue una cátedra abierta para los duros donde además aprendieron los elementos de guerra sucia, de cómo crear campanas, cómo utilizar y manipular a la población para sus fines”, señalan los abogados de menores. Ellos son los únicos que conocen las nuevas y extensas listas de desaparecidos de estos últimos años y saben que hay cientos de madres que los buscan sin ninguna esperanza, porque, como señalaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano, “el drama social se lee en las páginas de policiales”.